LA BELLA DURMIENTE, RECICLADA

[Tannhäuser]

En el cuaderno de información trimestral de mi hijo, que está en Infantil, encuentro La Bella Durmiente “de otra manera” por cortesía de la Editorial Santillana. No es una novedad que los cuentos clásicos europeos son considerados moralmente peligrosos por los inquisidores del progresismo, el Laico Oficio, que con la misma saña que los estudiantes nazis arrojaban al fuego la literatura degenerada de Thomas Mann y Stefan Zweig, purgan ahora a autores tan sospechosos como Perrault y los hermanos Grimm.

Recordemos el cuento, los reyes habían invitado a la celebración del nacimiento de su hija a todas las hadas excepto al hada malvada. Ésta, sintiéndose humillada, vaticina que en su dieciséis cumpleaños la niña se pinchará con una aguja y morirá. Mas un hada buena enmienda la maldición asegurando que tras el pinchazo la joven caerá en un profundo sueño del que sólo despertará, pasados cien años, con el beso de un príncipe. Hasta aquí el cuento normal.

En ese punto es donde la bella durmiente de Santillana dice que nanay, que eso de pincharse y dormir cien años nada, y mucho menos para ser salvada por un príncipe pijo, de modo que poco antes de cumplir la edad fatal coge un caballo y una espada y se va en busca del hada mala. Combate a un dragón y murciélagos monstruosos que custodiaban la cueva hasta que el hada, muy asustada, pregunta a la quinceañera qué pide con tanto ímpetu. La princesa exige que rompa el hechizo: “¡No quiero dormir cien años! Ni me apetece estar aburrida mientras espero la llegada de un príncipe”. La señora, naturalmente, le hace caso.

No es difícil imaginar a este marimacho con la faz ovoide de Leire Pajín ¿verdad? Una bella historia infantil como ésta, con sus dosis de sensualidad y fatalismo, aunque parezca mentira es una blasfemia para los cavernícolas de la izquierda. Igual que hacen con todo, lo intentan cambiar en un sentido  progresista: cuando se trata del pasado, reescriben la Historia llenándola de patrañas; si es el presente, siembran el caos con la política; si se trata del futuro, programan las mentes de los críos indefensos con basura como este cuento.

[Andrés Hurtado de Micina]

Una ejemplo -real como la vida misma- de cómo se las gastan las instituciones "democráticas" de Hispanistán:

http://deseducativos.com/2010/08/30/la-evolucion-de-las-costumbres-otra-historia-real/

Un saludo

[Tannhäuser]

El Laico Oficio actúa con la misma arrogancia que los chulos falangistas del Movimiento hace décadas; son sus herederos naturales. No atienden a razones, enseguida descargan toda su artilleria -a destacar el hediondo papel de UGT en el episodio- contra quien se atreve a discutir sus dogmas. Encima, no menos inquietante, el episodio se da en Murcia, una región gobernada por el PP desde hace muchos años. En qué hubiera derivado el asunto de haber ocurrido en Andalucía podemos imaginarlo; lo que mosquea es la connivencia que parece mostrar la "derecha" española con los inquisidores del progresismo.

[Andrés Hurtado de Micina]

lo que mosquea es la connivencia que parece mostrar la "derecha" española con los inquisidores del progresismo.

Ahí está el quid de la cuestión, amigo Tannhäuser.

Aquí le dejo el fragmento de una carta que los de Deseducativos se atrevieron a dirigir al Ministro de Heducación donde quizá se le aclare eso que le mosquea tanto:

1. Según su excelentísimo ministerio y todos los hispanistaníes de bien, la educación es un servicio público.

2. Pero, si la educación es un servicio público, se supone que sus actividades han de tener, en su mayoría, titularidad pública.

3. Que sus actividades posean, en su mayoría, titularidad pública quiere decir que los centros educativos deben ser, en su mayoría, estatales.

4. Y que los centros educativos hayan de ser, en su mayoría, estatales, significa que siempre se considerará al Estado, organizador de ese servicio público, como la entidad que mejor dispone de los recursos educativos, es decir, el dueño, casi en exclusiva, de la verdad educativa.

5. Ergo, si el Estado es el dueño, casi en exclusiva, de la verdad educativa, ha de aceptarse el hecho de que este se erija como el único fiador, no sólo de los contenidos que han de impartirse, sino de los valores educativos que deben acompañarlos.

6. Ahora bien, son los sucesivos gobiernos los encargados de legislar -sí, aquí en Hispanistán, muerto Montesquieu, los gobiernos también legislan- y administrar dichos contenidos y valores.

7. Pero estos gobiernos no son sólo administradores de la cosa pública sino que, al mismo tiempo y sobre todo, son los delegados de sus respectivos partidos políticos, los cuales -¡cosa portentosa!- están financiados por el Estado.

8. Al ser los partidos políticos -el suyo, por supuesto, pero también el del señor Rajoy, el del señor Lara o el de la señora Díez, no se preocupe- órganos financiados por el Estado, resulta absolutamente normal que la influencia en la educación de la cúpula de la secta partidista de turno sea mucho más decisiva que la de, por ejemplo, los profesionales de la enseñanza o la de cualquier otro ciudadano ignaro y miserable sin carnet de afiliado.

9. Con un panorama así, el influjo de los partidos políticos en la educación de Hispanistán tiene que ser, por narices, ideológico.

10. Pero esta base ideológica suele mostrar siempre dos fachadas: a) la propia del Estado al que representan los partidos políticos, b) la propia de la secta política que alcanza el poder.

11. A la primera pertenece la afirmación antes citada: «la educación es un servicio público». De ella se derivan todos los demás dogmas incontrovertibles de la realidad educativa actual que han rebajado la cota de excelencia a niveles tercermundistas: extensión de la educación básica obligatoria, educación inclusiva, atención a la diversidad, competencias básicas, etc. Si la educación es un servicio público, dirigido a la totalidad de los miembros y de las miembras de una sociedad, dichos axiomas -a pesar de su notorio fracaso- serán considerados como verdaderas conquistas sociales. A partir de ahora únicamente se podrá entender el concepto de servicio público como alta -o rastrera, tanto monta-  ingeniería social.

12. A la segunda pertenece la llamada “educación en valores”.

13. No existe secta partidista inserta en el Estado y subsidiaria del sistema al que representa que ponga en duda la categoría servicio público ni ninguna de sus derivaciones, pues este consenso resulta necesario para afianzar el sistema.

14. El sistema posee varios pilares inconmovibles -monarquía, partidocracia, inseparación de poderes, régimen electoral, vertebración territorial, sistema productivo, etc.- de los que la educación es uno de los más importantes ya que es previo a los demás. Su naturaleza de servicio público ofrece tantas garantías de control -en forma de servidumbre voluntaria- como las que brinda el cañón de un revólver que apunta directamente a nuestra cabeza.

15. Por otro lado, en Hispanistán el consenso está tan consolidado que incluso se ha asegurado la complicidad de los sectores privados de la enseñanza, perros fieles que, al recibir también subvenciones del Estado, nunca han mordido la mano de sus amos ni cuestionado sus verdades de fe. El arraigado consenso educativo está, así pues, por encima de cualquier ideología partidista, pero, sobre todo, por encima de cualquier legislatura.

16. La educación en valores varía según el partido que esté en el poder. La de Hispanistán ya la conoce hasta el más tonto de mi pueblo: la educación religiosa, la educación para la ciudadanía, la memoria histórica, la educación sexual, la educación para una alimentación sana, la educación no sexista, etc. Estos son los únicos argumentos que pueden trascender a la opinión pública y que configuran el espejismo democrático del debate educativo. Su objetivo es desviar la atención del consenso educativo.

17. Este consenso educativo jamás ha sido exigido por los ciudadanos.

18. Este debate educativo jamás ha sido suscitado por los ciudadanos.

19. Tanto el consenso educativo como el debate educativo son, por tanto, creaciones de los aparatos del Estado. Llamo aparatos del Estado a los partidos políticos subvencionados, a los sindicatos subvencionados, al búnker pedagógico subvencionado, a las asociaciones de padres subvencionadas, a los medios de comunicación subvencionados y a las congregaciones religiosas subvencionadas…, es decir: a todo Cristo.

Así pues:

20. si el debate educativo -del que usted es el campeón, según sus paniaguados verticales- es la consecuencia de la voluntad de poder de esas oligarquías estatales que le han dado a usted la famosa cartera de Heducación y no refleja las necesidades ni los intereses de la sociedad;

21. si el debate educativo sirve para afianzar y justificar la voluntad de poder de esas oligarquías estatales que le obligan a usted a llenarse la boca con la consabida mierda de toro mediante posiciones aparentemente enfrentadas que intensifican la sensación de pluralidad y de democracia;

22. si el debate educativo, en definitiva, es uno de los hologramas que mejor representa la impostura política, y en él, el viejo axioma artístico de Oscar Wilde: «una verdad es aquello cuya contradicción también es verdadera», ha de ser sustituido por este otro adagio que suelen callar los ingenieros sociales que mejor sirven a su excelentísima persona: una mentira es aquello cuya contradicción también es falaz;

23. el debate educativo no existe, señor Gabilondo, y usted debería haber dimitido hace mucho tiempo. Por embustero.

El texto completo: http://deseducativos.com/2010/08/22/carta-al-ministro-de-educacion-de-hispanistan-o-por-que-el-debate-educativo-es-un-fraude/

Un saludo.

[Tannhäuser]

Señor de Mesina, no obstante, el debate -más bien el combate- educativo existe. Y no se limita al guiñol sobre EpC y los crucifijos donde los políticos quieren confinarlo, sino que es mucho más radical. Lo protagonizamos fundamentalmente un grupo de colectivos independientes de profesionales enfrentado a ese behemoth político-sindical tan bien descrito en su carta al Ministro. Somos pocos pero aguerridos y tenemos la tozuda pretensión de que es la sociedad civil la que debe domar y someter al bíblico monstruito, y no al revés.

[Andrés Hurtado de Micina]

Por supuesto, amigo. 

P.S.: Muy bueno lo de "Mesina". Acertó usted de pleno. ¿Por qué no se anima y entra a formar parte de la nómina de autores de Deseducativos? Le dejo el correo de contacto: desducar@gmail.com

[jupiterino]

lo que mosquea es la connivencia que parece mostrar la "derecha" española con los inquisidores del progresismo.

Ahí está el quid de la cuestión, amigo Tannhäuser.

Aquí le dejo el fragmento de una carta que los de Deseducativos se atrevieron a dirigir al Ministro de Heducación donde quizá se le aclare eso que le mosquea tanto:

1. Según su excelentísimo ministerio y todos los hispanistaníes de bien, la educación es un servicio público.

2. Pero, si la educación es un servicio público, se supone que sus actividades han de tener, en su mayoría, titularidad pública.

3. Que sus actividades posean, en su mayoría, titularidad pública quiere decir que los centros educativos deben ser, en su mayoría, estatales.

4. Y que los centros educativos hayan de ser, en su mayoría, estatales, significa que siempre se considerará al Estado, organizador de ese servicio público, como la entidad que mejor dispone de los recursos educativos, es decir, el dueño, casi en exclusiva, de la verdad educativa.

5. Ergo, si el Estado es el dueño, casi en exclusiva, de la verdad educativa, ha de aceptarse el hecho de que este se erija como el único fiador, no sólo de los contenidos que han de impartirse, sino de los valores educativos que deben acompañarlos.

6. Ahora bien, son los sucesivos gobiernos los encargados de legislar -sí, aquí en Hispanistán, muerto Montesquieu, los gobiernos también legislan- y administrar dichos contenidos y valores.

7. Pero estos gobiernos no son sólo administradores de la cosa pública sino que, al mismo tiempo y sobre todo, son los delegados de sus respectivos partidos políticos, los cuales -¡cosa portentosa!- están financiados por el Estado.

8. Al ser los partidos políticos -el suyo, por supuesto, pero también el del señor Rajoy, el del señor Lara o el de la señora Díez, no se preocupe- órganos financiados por el Estado, resulta absolutamente normal que la influencia en la educación de la cúpula de la secta partidista de turno sea mucho más decisiva que la de, por ejemplo, los profesionales de la enseñanza o la de cualquier otro ciudadano ignaro y miserable sin carnet de afiliado.

9. Con un panorama así, el influjo de los partidos políticos en la educación de Hispanistán tiene que ser, por narices, ideológico.

10. Pero esta base ideológica suele mostrar siempre dos fachadas: a) la propia del Estado al que representan los partidos políticos, b) la propia de la secta política que alcanza el poder.

11. A la primera pertenece la afirmación antes citada: «la educación es un servicio público». De ella se derivan todos los demás dogmas incontrovertibles de la realidad educativa actual que han rebajado la cota de excelencia a niveles tercermundistas: extensión de la educación básica obligatoria, educación inclusiva, atención a la diversidad, competencias básicas, etc. Si la educación es un servicio público, dirigido a la totalidad de los miembros y de las miembras de una sociedad, dichos axiomas -a pesar de su notorio fracaso- serán considerados como verdaderas conquistas sociales. A partir de ahora únicamente se podrá entender el concepto de servicio público como alta -o rastrera, tanto monta-  ingeniería social.

12. A la segunda pertenece la llamada “educación en valores”.
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Estimado señor de mesina:
Encuentro en su aportación una inquietante contradicción, a mi modo de ver, que podría invalidar seriamente sus argumentos. Parece usted defender la necesidad legítima de un Estado "neutral" encargado de administrar, es de suponer, los bienes y servicios públicos, al que contrapone un Estado partidario, propiedad del partido gobernante en cada momento, que constituiría, si no he entendido mal, una desviación, o prostitución, de la función natural del primero. Pero a mi se me antoja, sin embargo, que ambos no son más que dos caras inseparables de la misma institución. Desde el mismo momento que se acepta que el Estado es producto de un contrato social, ha de otorgársele toda legitimidad para ejercer la coacción sobre sus súbditos. Y con esa puerta abierta, difícil será contener la tendencia a la apropiación voraz de la sociedad civil y de sus instituciones, que no es más que el producto de su propia lógica. Carece de sentido, creo yo, tratar de establecer esa diferencia que planteaba porque el Estado, en cada momento, son los políticos que lo representan y estos actuaran siempre con el objetivo de perpetuar su poder.
Por esa razón, precisamente, suelen parecerse mucho (hasta el extremo de la casi identificación) todos los partidos políticos, en el sentido de que comparten un mismo objetivo: encarnarse en el Estado. La solución no estriba en reivindicar un Estado fuerte (que acabará devorándonos a todos) sino en preservar las instituciones (que existían antes de que este ogro filantrópico se extendiera por la Tierra) de su poderoso influjo. De poner límites al poder.

[Andrés Hurtado de Micina]

Estimado Jupiterino:

La conclusión que se deriva de lo expuesto en la carta es precisamente la que usted señala, aunque no se hace mención, en ningún sitio, de eso a lo que usted llama Estado neutral. En la carta no se defiende tal engendro imposible de concebir.

El Estado es inevitable, por supuesto, pero se le puede poner freno con instituciones inteligentes y pugna equilibrada de los tres poderes. Por cierto, eso de la soberanía popular es un cuento para niños. La soberanía popular es la traslación rousseauniana de la soberanía del monarca al pueblo. Por eso todos los regímenes basados en tal premisa o se han convertido en apisonadoras totalitarias -comunismo, fascismo- o en entes corrompidos hasta la médula -parlamentarismo, partidocracia-. Aquí la única soberanía que existe es la del Estado, por eso hay que trocearla en tres partes e intentar que, mediante una representación efectiva de los ciudadanos en una de ellas -el legislativo, mediante circunscripciones unipersonales con sistema mayoritario, y mandato imperativo de los electores-, y la posibilidad de elegir directamente al gobernante -auténtico valedor del único poder verdaderamente estatal: el poder Ejecutivo-, la sociedad civil se haga con el Estado. Lo que está claro es que el sistema educativo de un país donde los partidos políticos son órganos financiados por el Estado y sólo representan a sus respectivas cúpulas partidistas; donde no hay representación del ciudadano porque este no elige a su representante sino a una lista impuesta por los jefes de la secta; donde no hay separación de poderes -aquí el Ejecutivo es omnipotente- y donde no hay mecanismos de control del poder -las elecciones, cada cuatro años, no controlan absolutamente nada-; en un país como España, digo, la educación será una de las armas ideológicas más poderosas.

De todos modos, me da la impresión de que estamos de acuerdo en todo o en casi todo. Una educación estatal no tiene por qué ser mala per se, siempre que ese Estado esté controlado por los ciudadanos. Pero, si se da cuenta, para eso habría que acabar, en primer lugar, con el Ministerio de Educación y sustituirlo por una Institución educativa -y republicana, en el buen sentido de la palabra- compuesta por profesionales de la enseñanza de probado prestigio y expertos en las diferentes disciplinas, salidos de elecciones restringidas -al mundo de la educación- y con la potestad de sobrevivir -y enfrentarse, si llegara el caso- a los distintos gobiernos.

Pero, como se habrá podido imaginar, esto es mucho pedir.

Un saludo.

[jupiterino]

Estamos, sin duda, bastante de acuerdo en todo esto, pero quizás convenga aportar ciertos matices. Por ejemplo, yo me decanto, no tanto por "controlar" al Estado (algo que considero difícil en extremo, dado el plus de legitimación que tiene en las modernas democracias y la consiguiente identificación de la sociedad con el poder político, es decir con Él mismo) sino por reducirlo a su mínima expresión. Cuanto menos Estado, mayor libertad tendremos los ciudadanos,sin lugar a dudas. En cuanto a que la provisión de los servicios públicos deba ser realizada necesariamente por el Estado, se trata de una argumento circular (y por tanto falaz). Primero habría que dilucidar qué es un servicio público y a continuación justificar por qué debe ser el Estado el encargado en exclusiva de su provisión. Más que preguntarme si la educación estatal debe o no ser mala per se (está claro que podríamos encontrar una gama muy variada de calidades en un muestrario representativo), me plantearía si el Estado debe prevalecer sobre los ciudadanos a la hora de prestar este servicio (como tantos otros). Por eso participo de su deseo de acabar con el Ministerio de Educación y opto, igualmente, por un republicanismo (bien entendido) que separe el Estado de la sociedad civil, justo lo contrario de lo que nuestros próceres intentan con frenesí.

[Andrés Hurtado de Micina]

Hay algo que no entiendo en la teoría política liberal. O mejor: sí lo entiendo, pero lo considero un error de planteamiento que la acerca a su rival, el socialismo. Ese error alcanza la categoría de ontológico si se tienen en cuenta los dos supuestos en los que se fundamenta:

1. El gigantesco poder del Estado es diferente al mucho más modesto poder de la sociedad.

2. La libertad política -la libre capacidad de elegir y deponer a los representantes y gobernantes- únicamente aparece como un recurso defensivo ante el poder del Estado.

En ambos supuestos no sólo reside la idea de que el ente sociedad es la parte más débil y virtualmente perdedora -Sartori-, sino la convicción -y aquí está el error- de que Estado y sociedad civil son dos realidades separadas. Que el individuo social haya de liberarse de algo que le oprime supone que, antes de la opresión, era ajeno a ese poder, y después, cuando ya ha sido liberado, continúa siéndolo, aspirando únicamente a que se le siga respetando su nueva libertad. Esta es la base de la teoría política liberal, y en ella, aparece -paradójicamente- el reconocimiento, no sólo de la superioridad del Estado, sino de que este es ajeno al individuo, del mismo modo como se deduce de la teoría socialdemócrata. Y es que en ambos postulados hay algo que los reconcilia: el Estado es algo de lo que el individuo debe defenderse, ora limitando su campo de acción -liberalismo-, ora robándole más libertades personales en forma de derechos sociales -socialdemocracia-.

Pero en realidad el asunto es bien distinto y tiene una solución bastante más lógica. Lo que ocurre es que ni a liberalismo ni a socialismo se les ha ocurrido pensar que el Estado y la sociedad no están separados y que la libertad política es “el modo de apropiación por la sociedad de ese poder ajeno del Estado” -García-Trevijano- en forma de reglas de participación auténticamente democráticas.

Esto, aplicado a los sistemas de enseñanza de los países, nos descubre un tercer camino distinto de la educación pública tal y como se entiende ahora, y de las pretensiones de reducir la mediación estatal -cheque escolar, por ejemplo-. Un tercer camino que evitaría, por un lado, el monopolio, la injerencia y el adoctrinamiento del Estado, y, por otro, el peligro de poner fin a la igualdad de oportunidades, entendidas estas como el derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad a adquirir una educación con las mismas garantías que los sectores más favorecidos. Un tercer camino, en definitiva, que ilustraría a la perfección ese “modo de apropiación por la sociedad de ese poder ajeno del Estado”.

Mi tesis es la siguiente: para un liberal, la enseñanza pública no debería ser un lastre siempre y cuando los poderes del Estado estuvieran separados en origen, esto es, siempre y cuando la soberanía -y el monopolio de la violencia- estuviera repartida y dependiera de los ciudadanos. El temor de todo liberal a que el Estado se inmiscuya en su vida es legítimo y muy pero que muy comprensible en los actuales estados de partidos de las pseudodemocracias occidentales. El llamado Estado del Bienestar nos cobra un costoso peaje -nunca mejor dicho- que ha ido escatimando poco a poco espacios de libertad. Pero, que esto sea así, no significa que se deban poner en cuestión ahora conquistas sociales tan elementales como la sanidad universal o la educación pública. Que el Estado actual sea fuente de corrupción no quiere decir que todo sistema de servicios públicos sea malo per se. Existen otras formas de gestionarlo y, sobre todo, de compaginar libertad individual y obligación social.

En la enseñanza el cheque escolar es una solución que ninguna nación ha extendido globalmente. La filosofía que lo mueve no me desagrada: el Estado financia a las familias directamente y no a los centros, lo cual hace posible que cada uno pueda elegir la educación -pública o privada- que crea más conveniente. Bien, insisto que esto no tiene por qué ser malo, pero a mí, ahora mismo, no me parece una solución -antes bien, lo considero un problema-, pues independientemente de su significado, no resuelve el obstáculo que supone la falta de mecanismos de control ciudadano de las cuentas públicas. Si yo no poseo esos instrumentos de fiscalización, ¿qué más me da que ese dinero se invierta en un sitio o en otro? ¿Cómo puedo estar seguro de que el dinero que me correspondería en mi cheque es el que en realidad me corresponde? Estas mismas preguntas me las hago yo ahora sin cheque escolar, pues, insisto, no hay nada que me permita controlar la cosa pública. Por ello, como el cheque escolar no acabaría con esa opacidad, sigo sin verlo como la panacea. Tal vez que la enseñanza pública actual sea tan cara se deba a que nadie sabe a ciencia cierta qué carajo se hace con nuestro dinero.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que ni siquiera el cheque escolar pone en duda el concepto de obligación social, pues en última instancia el dinero saldría siempre del Estado, esto es, de todos, nos queda el tema de la libertad. ¿Cómo se puede compaginar la libertad de elección de centro -es decir, que yo pueda elegir entre diferentes enseñanzas- con un sistema educativo que asuma lo público y lo privado? Otrosí: ¿cómo se consigue que, dentro de lo público, haya variedad -reflejo de la pluralidad de la sociedad que lo financia- y no lo que tenemos ahora: una enseñanza estatal y orwelliana que persigue unos fines espurios; y que, por ello, se garantice esa libertad aun para las familias más desfavorecidas que no se pueden permitir un colegio privado? La cosa requeriría cambios que trascienden lo meramente educativo, pero intentaré sintetizar lo que tengo en mente en estos momentos.

1.- Una institución estatal que sustituya al actual Ministerio de Educación, dependiente del Estado y no del gobierno de turno. Compuesta por expertos -nombrados tras elecciones restringidas a ámbitos académicos- que señalen los objetivos para cada etapa educativa; objetivos que se reflejarían en un sistema de reválidas estatales. Esta Institución se financiaría con los presupuestos generales del Estado y su supervisión dependería de una comisión legislativa. Obviamente, esta comisión debería estar compuesta por diputados que representaran a sus electores y dependiesen del mandato imperativo de éstos, para lo cual habría que reformar previamente la Constitución y… (ya he dicho que esto supera lo educativo y nos introduce en otros ámbitos que dejo pergeñados y en los que no entro para no escribir aquí un tratado de ciencia política; disciplina que, por otro lado, domino muy deficientemente.)

2.- Por tanto, un sistema de reválidas estatales vinculantes al final de cada etapa. Su organización y evaluación dependerían de esta Institución, que designaría tribunales de corrección imparciales. A estas reválidas deberían someterse tanto los centros públicos como los privados. Los resultados habrían de ser públicos.

3.- Cada centro público tendría libertad absoluta para elaborar sus planes de estudio. Éstos dependerían de los diferentes departamentos didácticos, con las reválidas como único horizonte común para todos.
Cada familia, no sólo podría elegir entre un público o privado, sino, dentro de lo público, escoger aquel cuyos planes de estudios mejor se adaptasen a sus necesidades. Obviamente, en las localidades pequeñas, esto sería imposible, pero se plantearía un sistema de becas de manutención para que los chavales pudieran salir de su localidad si así lo quisieran. Para los centros situados en zonas deprimidas y que tuvieran más difícil atraer alumnado habría unas ayudas adicionales en forma de incentivos. Al ser públicos los datos de las reválidas existiría el riesgo de que hubiera centros de primera y centros de segunda, eso es cierto, pero también una obligación moral por parte del profesorado para que esto no se mantuviese durante demasiado tiempo. Existiría la competencia, pero entendida como afán de superación y nunca como deslealtad.

Un saludo.