Estimados amigos:
He visto hoy un cartel de otro sindicato en otra administración que convocaba una concentración para lograr el "diálogo y la negociación colectiva" en relación con el problema de nuestros sueldos. Pero, reflexionando un poco, cualquier persona medianamente sensata se da cuenta que ese lenguaje sindical está plagado de trampas: ¿Qué hay que negociar? En realidad, se nos invita a concebir esto como un problema laboral más.., pero no lo es. He oído rumores de que eso que se ha hecho podría ser ilegal o incluso anticonstitucional: pronto lo sabremos. Me pregunto si una actuación así podría incitar a miles de funcionarios a exigir ante otro tipo de tribunales responsabilidad a sus autores. Yo, personalmente, realmente lo ignoro. Y como lo ignoro, simplemente pregunto. Pero quizás habría que consultarlo a juristas preparados para abordar tan difíciles y espinosas cuestiones. Tengo claro, no obstante, que la palabra "estado de derecho" significa que en su actuación el estado o cualquiera de sus poderes tiene que estar sujeto al imperio de la ley. Y esto vale para cualquier cargo público u órgano colegiado. Podríamos estar ante una situación sin precedentes y, por tanto, abierta a nuevas y diferentes soluciones, totalmente ajenas a la lógica enredante de ciertos discursos políticos y al vetusto y gastado lenguaje sindical. Por otro lado, me pregunto por qué las personas cuya pretensión es resolver determinado tipo de problemas no se han limitado a pedir prestado el dinero a los funcionarios (a los que no se puede responsabilizar en modo alguno de la crisis ni de la especulación) a cambio de contraprestraciones legítimas (prestado significa con duración limitada y término cierto y con garantías de devolución): gratuidad total de las matrículas universitarias, facilidades especiales al acceso de la vivienda (los bancos poseen muchas y se dice -ignoro si es cierto- que al menos algunos han recibido ayuda del estado), etc. debido al esfuerzo altruista que los funcionarios podrían estar dispuestos hacer. Por último, pregunto si se deberían pedir responsabilidades políticas a alguien que en su gestión demostrase ineptitud, más allá de la urna.
