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Pablo
Visitante
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« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2007, 19:12:33 » |
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Como Delegado Provincial de APIA en Jaén, y en el marco de la reunión de la Comisión Permanente con la Delegada Provincial y los jefes de servicio (en la que tenemos presencia después de las pasadas elecciones sindicales), he solicitado formalmente un informe de las agresiones a los docentes en nuestra provincia en el último año. La respuesta de la Delegada Provincial ha sido, en primer lugar, enmarcar el asunto dentro de los problemas de convivencia en general y pasar "la bola" al nuevo órgano burocrático creado al amparo del Decreto 19/2007 llamado "Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia" para que sea a esta comisión a la que solicitemos dicho informe.
El discurso subsiguiente empezó con una puesta en valor de las buenas prácticas docentes, el creciente número de centros "espacios de paz" y la resolución de conflictos mediante la mediación. A continuación el tono cambió para "regañarme" (cariñosamente, puesto que en honor a la verdad hay que decir que la reunión transcurrió con una exquisita cordialidad en las formas, aunque con contrastes claros en las ideas, como no podía ser de otra manera) por entender que pedir este tipo de informes es una falta de respeto para la mayoría de profesores, alumnos y familias que actúan bien. Admite sin embargo que hay que intervenir, pero que ya conocen los mecanismos que son la asistencia letrada al agredido, y poner a disposición del agredido todos los cauces. Llama a la prudencia porque, si no, la imagen no es la correcta.
Ante esa respuesta, APIA le replica que esa facilidad y esa disposición no es precisamente la información que nosotros tenemos en los casos de agresiones que conocemos; es más, en algunos casos, después de prácticamente un año desde la agresión la Delegación no ha tramitado aún el reconocimiento de accidente laboral. Igualmente, ya que la Delegada ha dicho que hay que intervenir, se le pregunta por el número de casos en los que la Administración (como jefe nuestro) se ha personado en las causas por agresiones a docentes (sus trabajadores) especialmente cuando los agresores son mayores de edad, y en cuántos casos se ha presentado denuncia contra el agresor de oficio. La respuesta consiste en decir que la Administración no es partidaria de decir cuántos casos ha habido porque para ellos cada caso es grave, y que si no se ha personado es porque ese procedimiento no está establecido.
Que cada cual saque sus conclusiones, pero desde APIA vamos a seguir trabajando para, por un lado, conseguir los datos reales de la conflictividad en los centros y las agresiones a compañeros, y por otro lado, vamos a seguir luchando para dar el amparo y el apoyo que necesitan los profesores afectados por este grave problema, que nunca, nunca es culpa ni responsabilidad del agredido. Entendemos que no pedir información sobre la situación real del problema dificulta mucho la puesta en marcha de medidas globales efectivas, que van más allá de la creación de nuevos órganos burocráticos, y sería una falta de respeto a todas las víctimas.
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